Aprobado el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía
El Gobierno aprobó en su última reunión del
Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes día 27 de septiembre el Anteproyecto
de Ley de Desindexación de la Economía, tal como está previsto en el Plan
Nacional de Reformas.
El objetivo de este Anteproyecto de Ley de Desindexación de la
Economía será contribuir desde el sector
público a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad, en
línea con el acuerdo de moderación salarial entre los agentes sociales y otras
reformas como la de las pensiones. El principio general es desvincular las
actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones
Públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC) y promover la adopción por
parte del sector privado de la misma práctica. La entrada en vigor está
prevista para enero de 2014.
La nueva ley se aplicará a todas las Administraciones
Públicas (central, autonómica y local) y tendrá un amplio efecto en las
economías familiares. Se estima que los gastos de bienes y servicios regulados
que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de
euros anuales, el 3,5% del PIB. En cuanto al sector privado, la adopción será
voluntaria aunque, si no existe un acuerdo explícito, se aplicará la no
indexación de forma automática.
Quedan excluidos de esta norma la negociación
salarial colectiva (tanto en el ámbito privado como en el del personal laboral
del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros. Para todo lo
demás no habrá indexación a índices generales de precios. Cualquier revisión de
precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes y no por la inflación. Se trata con ello de
evitar los llamados efectos de segunda ronda en la economía, uno de los
elementos que más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado. Las
revisiones de precios han de estar relacionadas con los costes directos del
servicio y no con otros elementos ajenos. En cuanto a los contratos públicos,
se modifica la norma vigente para que la pauta general sea también la no
indexación. Las excepciones al respecto tendrán que estar autorizadas y
justificadas igualmente por los costes.
El Anteproyecto de Ley de Desindexación crea
además un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), como forma residual de
actualización de los precios. Será aplicable a los contratos entre privados que
voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una
cláusula de revisión pero no la hubieran especificado. La fórmula tiene en
cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la
competitividad perdida desde 1999. Tendrá, en todo caso, un techo del 2% y un
suelo del 0%.
Para más información:
Ministerio de Economía y Competitividad