Se potenciará la autonomía fiscal de los ayuntamientos
El Gobierno potenciará la autonomía fiscal de los ayuntamientos, según ha indicado el Ministros de Hacienda y Administraciones públicas, así Cristobal Montoso, indicó en la Comisión de Entidades Locales del Senado que el Gobierno tiene la intención de apoyar una Administración como la local, “la más cercana”, para que se financie correctamente y, entre las iniciativas para ello, se contempla la potenciación de la autonomía fiscal de la mismas
Además de este potenciamiento de la autonomía fiscal de los ayuntamientos, también ha adelantado que entre el paquete de reformas estructuras que prepara el Gobierno para el conjunto de las Administraciones Públicas, hay varias que contribuirán a otorgar a las entidades locales “el rango que merecen”.
Así las principales medidas que adoptará y ha adoptado el Gobierno para apoyar a las entidades locales, estarían las siguientes:
El incremento de los tipos de gravamen del IBI, el anticipo del 50% de la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales y la ampliación de 60 a 120 mensualidades el periodo de reintegro de los saldos de los años 2008 y 2009 (estas medidas ya han sido adoptadas)
Medidas que “de nada servirían” si en un corto periodo de tiempo no se permitiese el pago a proveedores, cuya operación ya se ha puesto en marcha tras su aprobación en el Consejo de Ministros del día 24 de febrero, ha dicho el ministro, quien ha explicado que el mecanismo de financiación a entidades locales para dicho pago estará vigente durante el año 2012. El objetivo de este mecanismo no es otro que garantizar la sostenibilidad de la situación financiera de las entidades locales.
El procedimiento comenzará por la operación necesaria para conocer la cuantía que deben cobrar los proveedores, para lo cual las entidades locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 15 de marzo una relación certificada de sus obligaciones pendientes de pago. Éstas han de cumplir tres requisitos: que sean vencidas, líquidas y exigibles; que se hayan recibido por la entidad local antes del 1 de enero de 2012 y que se traten de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
En la relación certificada se hará constar la identificación del contratista; el importe principal de la deuda junto con el IVA o IGIC, en su caso; la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro antes del 1 de enero de 2012. Los proveedores, tanto contratistas como cesionarios a quienes se haya transmitido derechos de cobro, podrán acudir voluntariamente a las principales entidades de crédito para cobrar su deuda.
Por su parte, las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación y cuyas condiciones financieras serán fijadas por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Esta operación de endeudamiento podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a la participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago. Éstas, ha recordado el ministro de Hacienda, se han originado en gran parte debido a la norma de limitación de endeudamiento que rige desde la pasada legislatura para los ayuntamientos.
Las entidades locales, igualmente, estarán obligadas a realizar un plan de ajuste que deberá aprobarse por el pleno de la Corporación antes del 31 de marzo y se extenderá durante el periodo de amortización previsto para la operación de endeudamiento. Dicho plan será remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual lo valorará en un plazo de 30 días. Sólo si el plan de ajuste es valorado favorablemente se entenderá autorizada la operación de endeudamiento.
LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Cristóbal Montoro ha explicado ante la Comisión de Entidades Locales que la otra gran medida tendente a profundizar en la consolidación fiscal de los municipios españoles es el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el que las entidades locales se comprometieron en la Comisión Nacional de Administración Local el pasado 25 de enero, al igual que ya lo hicieron las comunidades autónomas. El titular de Hacienda ha insistido en que esta ley, exponente primordial de la política económica del Gobierno fundamentada en la consolidación fiscal y que traslada los criterios de la gobernanza europea, debe contar con el mayor consenso político posible.
Los tres objetivos básicos de esta Ley son: garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.
Entre las novedades del proyecto, el ministro ha destacado el hito que supone para las administraciones municipales el hecho de participar, por primera vez, en igualdad de condiciones con las administraciones autonómicas y general del Estado. Este trato igualitario se traducirá, lógicamente, en obligaciones, las mismas que deben afrontar el Estado y las comunidades autónomas para presentar equilibrio o superávit. Ninguna administración, por pequeña que sea, podrá incurrir en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales, tales como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.
La deuda de las Administraciones Públicas, incluidas las entidades locales independientemente de su dimensión, no podrá superar el valor de referencia del 60% del PIB establecido en la normativa europea, salvo circunstancias excepcionales.
Además, tanto el Estado como, a partir de ahora, también las comunidades autónomas y las corporaciones locales mayores de 50.000 habitantes deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos. Cristóbal Montoro ha explicado ante la Comisión de la Cámara Alta que el techo de gasto es un instrumento esencial para elaborar los presupuestos. “Es una forma de presupuestar, sometida a la aprobación de las Cortes Generales, que creemos es la correcta”, ha manifestado Montoro.
El gasto de todas estas administraciones no podrá aumentar por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo, en línea con la regla de gasto que establece la normativa europea.
También, para los municipios y provincias, al igual que el resto de Administraciones, el incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año y que explique tanto las causas de la desviación como las medidas concretas que permitirán retornar a los límites en ese plazo. En caso de incumplimiento de este plan, el municipio o provincia responsable deberá aprobar automáticamente un acuerdo de no disponibilidad de créditos, es decir, un recorte de gasto que garantice el cumplimiento de los objetivos.
La exigencia de transparencia y fluidez, así como la aplicación de responsabilidades van a conllevar, en el caso de las Administraciones locales de todo rango, un mayor contacto con la Administración general del Estado, que tendrá lugar a través del Consejo Nacional de Administración Local.
COMPETENCIAS Y FINANCIACIÓN LOCAL
Montoro ha reconocido que uno de los problemas de los ayuntamientos es la asunción de las llamas competencias impropias, que han mermado su salud financiera. El propósito del Gobierno es acometer una reforma estructural del papel de las corporaciones locales en el Estado de las Autonomías con un objetivo claro: “Una Administración, una competencia”. Esto se materializará en la eliminación de solapamientos innecesarios, la reducción de estructuras burocráticas, así como de personal al servicio de las distintas Administraciones.
Igualmente, el ministro ha anunciado que se acometerá una simplificación del sector público empresarial de la Administración Local pues hay que acabar con “las mal llamadas empresas públicas, muchas de ellas organizaciones administrativas que huyen del Derecho público”. El Gobierno dotará de transparencia y buen gobierno a todas las Administraciones Públicas.
El ministro de Hacienda ha anunciado la aprobación de una nueva Ley Básica de Gobierno y Administración Local, que atribuya con mejor precisión las competencias de las entidades locales, al tiempo que las dote de instrumentos más adecuados para su gestión, mediante la implementación de un nuevo modelo de financiación local. En este sentido, se potenciará la autonomía fiscal de las corporaciones locales para que éstas cuenten con más vías de financiación.
El Gobierno modificará de forma simultánea y vinculada la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para evitar duplicidades y perfilar competencias, con el objetivo de garantizar a los ciudadanos la prestación de unos servicios públicos de calidad.
Cristóbal Montoro ha avanzado también los planes para con las Diputaciones Provinciales, que pasan por modernizarlas, y reducir su coste y estructura, para lo que es preciso coordinarlas con las mancomunidades.
En resumen toda una seria de medidas que contribuirán a mejorara la situación financiera de los ayuntamientos.
Para más información:
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas