Ley de morosidad, hoy entra en vigor
A partir de hoy entra en vigor la ley de morosidad que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta ley fija los plazos máximos de pago, que en el caso de las empresas con sus proveedores quedan establecidos en 60 días, y en el caso de las administraciones públicas con sus proveedores, este plazo máximo de pago será de 30 días, eso si, esta ley establece un período de adaptación que llega hasta el año 2013 para llegar a este objetivo.
Este ley de morosidad estable en el caso de las administraciones públicas un período transitorio para reducir sus plazos de pago, que será el siguiente: Durante el año 2010 el plazo máximo de las administraciones públicas será de 50 días, durante el 2011 también de 50 días, en el 2012 será de 45 días, y a partir del 1 de enero de 2013, las administraciones públicas deberán pagar en un plazo máximo de 30 días.
Este período transitorio para adaptar los períodos de paga a la nueva ley, en el caso de las empresas privadas será el siguiente: Durante lo que resta de este año y en el 2011, el plazo máximo de pago será de 85 días, en el 2012 de 75 días y a partir del 2013 será de 60 días, que es el plazo máximo establecido por la ley. En el caso de las empresas privadas hay que destacar dos excepciones, el caso de las empresas del sector de la alimentación y los productos perecederos, en los cuales el plazo máximo de pago será de 30 días.
También señalar que en el caso de las empresas constructoras de obra pública, contarán con otros plazos máximos de pago en su período de adaptación, así estas empresas durante lo que resta de este año y en el año 2011, podrán pagar a un plazo máximo de 120 días, durante el año 2012 en un plazo máximo de 90 días y a partir del año 2013 el plazo máximo será el establecido por la ley en 60 días.
También señalar que esta ley cuenta con otra excepción, por la cual esta ley será la que faculte al gobierno para determinara un régimen especial de pagos para el sector del libro, el cual deberá tener en consideración las especiales circunstancias de este sector.
Por último indicar que esta ley también introduce dos importantes novedades, puesto que elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por esta norma, además también establece que las empresas deben informar en su memoria de cuentas anuales, de cual es el plazo máximo al que están pagando a sus proveedores.
Este ley de morosidad estable en el caso de las administraciones públicas un período transitorio para reducir sus plazos de pago, que será el siguiente: Durante el año 2010 el plazo máximo de las administraciones públicas será de 50 días, durante el 2011 también de 50 días, en el 2012 será de 45 días, y a partir del 1 de enero de 2013, las administraciones públicas deberán pagar en un plazo máximo de 30 días.
Este período transitorio para adaptar los períodos de paga a la nueva ley, en el caso de las empresas privadas será el siguiente: Durante lo que resta de este año y en el 2011, el plazo máximo de pago será de 85 días, en el 2012 de 75 días y a partir del 2013 será de 60 días, que es el plazo máximo establecido por la ley. En el caso de las empresas privadas hay que destacar dos excepciones, el caso de las empresas del sector de la alimentación y los productos perecederos, en los cuales el plazo máximo de pago será de 30 días.
También señalar que en el caso de las empresas constructoras de obra pública, contarán con otros plazos máximos de pago en su período de adaptación, así estas empresas durante lo que resta de este año y en el año 2011, podrán pagar a un plazo máximo de 120 días, durante el año 2012 en un plazo máximo de 90 días y a partir del año 2013 el plazo máximo será el establecido por la ley en 60 días.
También señalar que esta ley cuenta con otra excepción, por la cual esta ley será la que faculte al gobierno para determinara un régimen especial de pagos para el sector del libro, el cual deberá tener en consideración las especiales circunstancias de este sector.
Por último indicar que esta ley también introduce dos importantes novedades, puesto que elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por esta norma, además también establece que las empresas deben informar en su memoria de cuentas anuales, de cual es el plazo máximo al que están pagando a sus proveedores.
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