Venta del Banco de Valencia
Información sobre la venta de Banco de Valencia
El Banco de Valencia (BdV) ha sido vendido a CaixaBank en una operación que supone un coste estimado de fondos públicos de en torno a 5.000 millones de euros, resultante de la recapitalización de BdV por el FROB, previa a su venta a CaixaBank, por un importe de 4.500 millones de euros, y la concesión por el FROB al comprador de un esquema de protección de activos (EPA) sobre una cartera de crédito de BdV cuyo coste final se estima podría estar entre 300 y 600 millones de euros.
Teniendo en cuenta los 1.000 millones de euros aportados en mayo de 2012 por el FROB, el total de recursos públicos comprometidos en el BdV se puede estimar en torno a 6.000 millones de euros. La situación de BdV no ha permitido contemplar su capitalización para que continuara como entidad independiente, por lo que las únicas alternativas disponibles eran la liquidación o la venta de la entidad.
La decisión de venta adoptada ha resultado menos costosa para el Estado que la liquidación de la entidad –cuyo coste, como se explica más adelante en esta nota, hubiese sido superior a los 6.000 millones de euros- y ha cumplido estrictamente con todos los requerimientos que impone la legislación vigente.
Además del ahorro de recursos públicos, la venta de BdV ha contribuido al mantenimiento de la estabilidad del conjunto del sistema financiero español.
Antecedentes
La prueba de resistencia contemplada en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado el pasado mes de julio entre España y las autoridades europeas determinó las necesidades de capital de las principales entidades españolas, entre ellas, BdV. Dichas entidades fueron evaluadas bajo el supuesto de que las entidades seguirían operando como bancos independientes (criterio de “going concern”) y en dos escenarios posibles: el escenario base y otro estresado, ambos en un horizonte de tres años.
El nivel de capital mínimo a mantener por las entidades se fijó en el 9% y el 6% para el escenario base y el estresado, respectivamente.
La cifra de las necesidades de capital de BdV resultante de la prueba de resistencia llevada a cabo por la consultora Oliver Wyman fue de 3.462 millones de euros en el escenario estresado; esta cantidad era adicional a los 1.000 millones de euros aportados a BdV en mayo de 2012 por el FROB. Es decir, el mantenimiento del BdV como entidad independiente (“going concern”) hubiera exigido una recapitalización adicional por el FROB por un importe cercano a los 3.500 millones de euros. Frente a estas cifras, la inyección de ayuda pública en BdV para proceder a su venta a CaixaBank ha sido, en total, de 4.500 millones más el coste de un esquema de protección 2/3 de activos (EPA) sobre determinadas carteras de BdV cuyo coste final se estima podría situarse entre 300 y 600 millones de euros.
La primera opción, es decir, el mantenimiento de BdV como entidad independiente (“going concern”) no fue, sin embargo, factible. A diferencia de las otras entidades del Grupo 1, la situación de BdV, en opinión de la Comisión Europea, del FROB y del Banco de España, presentaba un daño irreparable en su franquicia que se manifestaba en los siguientes aspectos:
• una pérdida crónica de depósitos, que se inició en el verano de 2011 y que, aunque se logró estabilizar en cierta medida a partir de la intervención de la entidad por el Banco de España en noviembre de 2011, se acentuó a partir de abril de 2012;
• la situación comprometida de liquidez, agravada por la pérdida de su condición de contrapartida para operaciones de política monetaria en el Eurosistema, así como la imposibilidad de acceder a los mercados como consecuencia de un rating muy deteriorado (BB-);
• un exceso de capacidad instalada, materializada en una red de sucursales y una plantilla sobredimensionadas en relación con su volumen de negocio;
• una previsión de cuentas de resultados de marcada fragilidad y sujeta a una elevada incertidumbre debido, en primer lugar, a la baja calidad de la cartera crediticia (con fuerte concentración en el sector promotor y en el Levante español, fruto de la política crediticia seguida en los últimos años) y, en segundo lugar, al exceso de capacidad instalada mencionado en el punto señalado anteriormente;
• y, finalmente, la existencia de un patrimonio neto negativo consecuencia de las pérdidas acumuladas. Todo lo anterior, junto con la pérdida de confianza del público y la trayectoria más reciente del banco, no hacían posible la viabilidad de BdV como entidad independiente a través de una inyección de capital del FROB. La decisión de venta En consecuencia, la Comisión Europea, el FROB y el Banco de España entendieron que las únicas opciones viables para BdV eran, por una parte, su venta y, por otra, su inmediata liquidación. La comparación relevante era, pues, entre:
• el coste estimado de la liquidación de BdV
• el coste de la venta de BdV a CaixaBank El coste estimado de liquidación se obtuvo, en primer lugar, por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 68 de la Ley 9/2012 y, para ello, el FROB contó con la colaboración de Oliver Wyman.
Según esta primera estimación, el coste de liquidación 3/3 oscilaba entre un máximo de 7.400 millones de euros y un mínimo de 5.600, dependiendo de las diferentes hipótesis sobre la financiación necesaria para la realización de los activos de BdV en un horizonte temporal de liquidación dilatado.
Sin embargo, se estimaba que, en la situación actual, era más probable un coste de liquidación próximo al valor máximo citado que al mínimo. Además, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 9/2012 y las reglas complementaria aprobadas por el FROB, este organismo solicitó tres informes adicionales de costes de liquidación a otros tantos expertos independientes: BDO, Lazard y Société Générale.
A partir de estas tres estimaciones, y de acuerdo con la regulación establecida en la materia, el coste de liquidación se calculó en 6.340 millones de euros. Este coste confirmaba la primera estimación de Oliver Wyman y era superior al coste que ha resultado de la venta de BdV a CaixaBank. La decisión de venta, frente a la de liquidación, contribuyó a reforzar la confianza de depositantes e inversores y evitó posibles impactos negativos respecto a la disponibilidad y coste de financiación para España y sus entidades financieras en los mercados internacionales.
La decisión de venta tuvo finalmente en cuenta la fuerte presencia, directa e indirecta, del Estado y del Eurosistema como acreedores de BdV, a través, entre otros elementos, de una línea de liquidez facilitada por el FROB a BdV por importe de 2.000 millones de euros; una línea ICO para crédito de mediación de 1.099 millones de euros; y de garantías ofrecidas por el Estado a emisiones de BdV por valor de 1.500 millones de euros. De hecho, en caso de haber acudido a un proceso concursal, en el que se hubieran pagado los depósitos pero no la deuda senior, se habrían generado riesgos para la estabilidad del sistema bancario sin ningún efecto positivo para el erario público, ya que prácticamente la totalidad de la deuda senior de BdV está en manos de organismos públicos.
La venta de BdV se realizó tras un proceso competitivo, gestionado por el banco de inversión Nomura, en el que participaron tres entidades.
La oferta de CaixaBank, que finalmente adquirió BdV, consistía en:
• la inyección por el FROB de 4.500 millones de capital en BdV previa su venta por un euro,
• el aseguramiento por el FROB de las pérdidas futuras de la cartera de crédito de BdV no consideradas por Oliver Wyman en sus pruebas de estrés cuyo coste se estima entre 300 y 600 millones de euros.
La decisión de venta adoptada ha resultado menos costosa para el Estado que la liquidación de la entidad –cuyo coste, como se explica más adelante en esta nota, hubiese sido superior a los 6.000 millones de euros- y ha cumplido estrictamente con todos los requerimientos que impone la legislación vigente.
Además del ahorro de recursos públicos, la venta de BdV ha contribuido al mantenimiento de la estabilidad del conjunto del sistema financiero español.
Antecedentes
La prueba de resistencia contemplada en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado el pasado mes de julio entre España y las autoridades europeas determinó las necesidades de capital de las principales entidades españolas, entre ellas, BdV. Dichas entidades fueron evaluadas bajo el supuesto de que las entidades seguirían operando como bancos independientes (criterio de “going concern”) y en dos escenarios posibles: el escenario base y otro estresado, ambos en un horizonte de tres años.
El nivel de capital mínimo a mantener por las entidades se fijó en el 9% y el 6% para el escenario base y el estresado, respectivamente.
La cifra de las necesidades de capital de BdV resultante de la prueba de resistencia llevada a cabo por la consultora Oliver Wyman fue de 3.462 millones de euros en el escenario estresado; esta cantidad era adicional a los 1.000 millones de euros aportados a BdV en mayo de 2012 por el FROB. Es decir, el mantenimiento del BdV como entidad independiente (“going concern”) hubiera exigido una recapitalización adicional por el FROB por un importe cercano a los 3.500 millones de euros. Frente a estas cifras, la inyección de ayuda pública en BdV para proceder a su venta a CaixaBank ha sido, en total, de 4.500 millones más el coste de un esquema de protección 2/3 de activos (EPA) sobre determinadas carteras de BdV cuyo coste final se estima podría situarse entre 300 y 600 millones de euros.
La primera opción, es decir, el mantenimiento de BdV como entidad independiente (“going concern”) no fue, sin embargo, factible. A diferencia de las otras entidades del Grupo 1, la situación de BdV, en opinión de la Comisión Europea, del FROB y del Banco de España, presentaba un daño irreparable en su franquicia que se manifestaba en los siguientes aspectos:
• una pérdida crónica de depósitos, que se inició en el verano de 2011 y que, aunque se logró estabilizar en cierta medida a partir de la intervención de la entidad por el Banco de España en noviembre de 2011, se acentuó a partir de abril de 2012;
• la situación comprometida de liquidez, agravada por la pérdida de su condición de contrapartida para operaciones de política monetaria en el Eurosistema, así como la imposibilidad de acceder a los mercados como consecuencia de un rating muy deteriorado (BB-);
• un exceso de capacidad instalada, materializada en una red de sucursales y una plantilla sobredimensionadas en relación con su volumen de negocio;
• una previsión de cuentas de resultados de marcada fragilidad y sujeta a una elevada incertidumbre debido, en primer lugar, a la baja calidad de la cartera crediticia (con fuerte concentración en el sector promotor y en el Levante español, fruto de la política crediticia seguida en los últimos años) y, en segundo lugar, al exceso de capacidad instalada mencionado en el punto señalado anteriormente;
• y, finalmente, la existencia de un patrimonio neto negativo consecuencia de las pérdidas acumuladas. Todo lo anterior, junto con la pérdida de confianza del público y la trayectoria más reciente del banco, no hacían posible la viabilidad de BdV como entidad independiente a través de una inyección de capital del FROB. La decisión de venta En consecuencia, la Comisión Europea, el FROB y el Banco de España entendieron que las únicas opciones viables para BdV eran, por una parte, su venta y, por otra, su inmediata liquidación. La comparación relevante era, pues, entre:
• el coste estimado de la liquidación de BdV
• el coste de la venta de BdV a CaixaBank El coste estimado de liquidación se obtuvo, en primer lugar, por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 68 de la Ley 9/2012 y, para ello, el FROB contó con la colaboración de Oliver Wyman.
Según esta primera estimación, el coste de liquidación 3/3 oscilaba entre un máximo de 7.400 millones de euros y un mínimo de 5.600, dependiendo de las diferentes hipótesis sobre la financiación necesaria para la realización de los activos de BdV en un horizonte temporal de liquidación dilatado.
Sin embargo, se estimaba que, en la situación actual, era más probable un coste de liquidación próximo al valor máximo citado que al mínimo. Además, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 9/2012 y las reglas complementaria aprobadas por el FROB, este organismo solicitó tres informes adicionales de costes de liquidación a otros tantos expertos independientes: BDO, Lazard y Société Générale.
A partir de estas tres estimaciones, y de acuerdo con la regulación establecida en la materia, el coste de liquidación se calculó en 6.340 millones de euros. Este coste confirmaba la primera estimación de Oliver Wyman y era superior al coste que ha resultado de la venta de BdV a CaixaBank. La decisión de venta, frente a la de liquidación, contribuyó a reforzar la confianza de depositantes e inversores y evitó posibles impactos negativos respecto a la disponibilidad y coste de financiación para España y sus entidades financieras en los mercados internacionales.
La decisión de venta tuvo finalmente en cuenta la fuerte presencia, directa e indirecta, del Estado y del Eurosistema como acreedores de BdV, a través, entre otros elementos, de una línea de liquidez facilitada por el FROB a BdV por importe de 2.000 millones de euros; una línea ICO para crédito de mediación de 1.099 millones de euros; y de garantías ofrecidas por el Estado a emisiones de BdV por valor de 1.500 millones de euros. De hecho, en caso de haber acudido a un proceso concursal, en el que se hubieran pagado los depósitos pero no la deuda senior, se habrían generado riesgos para la estabilidad del sistema bancario sin ningún efecto positivo para el erario público, ya que prácticamente la totalidad de la deuda senior de BdV está en manos de organismos públicos.
La venta de BdV se realizó tras un proceso competitivo, gestionado por el banco de inversión Nomura, en el que participaron tres entidades.
La oferta de CaixaBank, que finalmente adquirió BdV, consistía en:
• la inyección por el FROB de 4.500 millones de capital en BdV previa su venta por un euro,
• el aseguramiento por el FROB de las pérdidas futuras de la cartera de crédito de BdV no consideradas por Oliver Wyman en sus pruebas de estrés cuyo coste se estima entre 300 y 600 millones de euros.