Las medidas de protección de deudores hipotecarios han beneficiado a más de 31500 familias
Más de 31.500 familias se han
beneficiado de las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para
ayudar a aquellas familias a quienes la crisis ha impedido seguir haciendo
frente a sus pagos hipotecarios. La ampliación de los colectivos susceptibles
de beneficiarse de estos mecanismos -el Código de Buenas Prácticas (CBP), el
Fondo Social de Vivienda (FSV) y la suspensión de los lanzamientos- además de
las mejoras en la gestión y un mayor conocimiento de ellos ha impulsado su
utilización. Es previsible que este número aumente tras la ampliación de
beneficiarios incluida en el Real Decreto de Segunda Oportunidad.
En lo que se refiere al Código de
Buenas Prácticas (CBP) y desde que se puso en marcha a mediados de 2012, se han
registrado 37.416 solicitudes para su aplicación. De ellas, 12.650 finalizaron
en reestructuraciones viables de deuda, en 3.843 casos se acordó la dación en
pago con la consiguiente extinción de la deuda y en 6 casos hubo quitas, en
total 16.499 familias beneficiadas. Además, en este periodo se han paralizado
13.000 lanzamientos y cerca de 2.000 familias se han beneficiado de un alquiler
social.
A lo largo de 2014 los datos
muestran un importante incremento en las familias beneficiadas por el CBP. De
las 22.998 solicitudes recibidas, en 9.728 casos se acordó la reestructuración
de la deuda (un 275% más que en 2013) y hubo 2.829 daciones en pago (215% más
que en 2013).
La progresiva mejor acogida de
las medidas incluidas en el CBP se explica por las mejoras introducidas en la
Ley 1/2013 de 14 de mayo que supusieron ampliar y flexibilizar las herramientas
de protección. Previsiblemente estas cifras aumentarán en los próximos meses
porque el RDL de Segunda Oportunidad aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 27 de febrero ha ampliado el ámbito de aplicación del CBP para extender
el colectivo de posibles beneficiarios.
En concreto, se ha incrementado
el límite anual de renta familiar hasta tres veces el IPREM (Indicador Público
de Rentas Múltiples). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por
14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. Se amplían
también los supuestos de especial vulnerabilidad, para incluir a los mayores de
60 años. Además, se ha elevado el límite de precio de adquisición de los
inmuebles que podrán beneficiarse del CBP hasta 300.000 euros (250.000 euros
para la dación en pago). Se ha establecido igualmente la inaplicación
definitiva de las cláusulas suelo si las hubiere para los deudores protegidos
por el CBP. Por último, se ha extendido hasta 2017 el período de suspensión de
lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente
vulnerables.
Para más información:
Ministerio de Economía y
Competitividad