El Gobierno aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
El Gobierno acaba de aprobar en
su última reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado día 30 de abril,
el Reglamento de desarrollo de la Ley de
prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, del
28 de abril de 2010.
Este Reglamento atiende las
últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo
intergubernamental encargado de fijar los estándares internacionales en la lucha
contra el blanqueo, al que pertenece España desde su fundación. Las últimas
recomendaciones de este organismo, de febrero de 2012, no han sido incorporadas
todavía en una Directiva comunitaria, pero España ha decidido adelantar su
aplicación y situar así la regulación nacional en esta materia a la vanguardia
internacional. Además, con esta nueva regulación se pretende incrementar la
eficacia del modelo de prevención incorporando un enfoque orientado al riesgo
exigible tanto para el sector público como privado.
La citada Ley de 2010 es una
norma que recoge las más novedosas exigencias internacionales en materia de
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En 2013
se realizaron algunas modificaciones como la incorporación de nuevos
requerimientos, en particular en relación con las personas con responsabilidad
pública.
El Reglamento concreta algunas
obligaciones de los "sujetos obligados": Medidas de diligencia debida
en cuanto al conocimiento e identificación de los clientes, comunicación de
operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), y dotación de los
medios humanos y materiales necesarios para dar cumplimiento a estas
obligaciones, que deberán ser sometidas a un auditor externo.
Además, el Reglamento concreta y
desarrolla el concepto del enfoque de riesgo establecido en la Ley para
concentrar los esfuerzos de control en aquellos clientes, operaciones o
productos que presentan más riesgos. Por último, refuerza los órganos de
representación institucional para dar cabida a nuevas parcelas de actividad.
Para más información:
Ministerio de Economía y Competitividad